La política de la Unión Europea en favor del desarrollo rural tiene su origen en la Declaración de Cork de 1996, donde se introdujo como segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC). Ahora, dos décadas después, en la misma ciudad irlandesa se ha firmado una nueva Declaración, Cork 2.0, que ratifica los principios asumidos entonces y avanza en aspectos relevantes para mejorar la vida en el medio rural. Esta política contribuye a superar los retos de la Estrategia Europa 2020, mediante la promoción de un desarrollo rural sostenible, un sector agrario respetuoso con el clima y resistente a los cambios climáticos, competitivo e innovador. Esto permite configurar un mundo rural directamente relacionado con las actividades agrarias y silvícolas que va a tener como referente una política europea, la PAC, creada para el fomento de las actividades económicas en el territorio.
Castilla y León es una comunidad autónoma con grandes rasgos de ruralidad, en la que el 96,11% de su superficie y el 24,2 % de la población regional tienen esta consideración. La apuesta realizada en el desarrollo rural en períodos anteriores de programación ha permitido hacer frente a los desafíos que han acompañado a la actividad agraria y agroalimentaria en la región. Los problemas estructurales que padece nuestra agricultura y la caracterización de su pirámide poblacional encuentran en la política de desarrollo rural auténticas herramientas para afrontar estas debilidades. La aplicación de las distintas medidas en el marco de los distintos Programas de Desarrollo Rural (PDR) ha supuesto una clara oportunidad de mejora de las explotaciones al hacerlas más competitivas, ya sea por la búsqueda de alternativas de producción, por el aumento de su dimensión o por la incorporación de capital.
Si hablamos del sector agroalimentario, a pesar de la compleja situación económica de estos últimos años, el apoyo dado a la industria por el PDR, en inversión y en innovación, ha permitido que este sector continúe invirtiendo y creciendo, aprovechando el desarrollo de productos más novedosos y demandados por el mercado y la apertura de nuevos canales de comercialización para sus productos.
Para el diseño del PDR 2014-2020 de Castilla y León, la Junta, tras una evaluación profunda de las necesidades de nuestro territorio, determinó como sus elementos estratégicos los siguientes: una clara apuesta por el sector agrario, mediante la mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias, la creación de empleo para jóvenes agricultores, la formación y el asesoramiento, la modernización de las unidades productivas y la ejecución de infraestructuras de apoyo, tales como las obras de concentración parcelaria, la modernización de regadíos y la puesta en marcha de otros nuevos. Todo ello permite, en su conjunto, dinamizar, rejuvenecer y modernizar nuestro sector agrario y, por consiguiente, nuestro medio rural.
Se atenderá de manera especial, priorizando su participación en las medidas del programa, a los jóvenes agricultores, puesto que la incorporación de capital humano joven y preparado y de las mujeres del medio rural constituyen el elemento clave para asegurar la creación de empleo y garantizar el futuro de un sector que cada vez debe enfrentarse a situaciones más globales y complejas. Por ello, la perspectiva de género y la visibilización de la mujer están presentes, de manera transversal en el programa. Se priorizan también sectores estratégicos identificados en el marco de Agrohorizonte 2020, que recoge una estrategia de crecimiento para sectores fundamentales en Castilla y León, la producción ecológica para potenciar su desarrollo y a los socios preferentes de las entidades asociativas prioritarias agroalimentarias, como medio para favorecer la vertebración del mundo rural y mejorar la posición de estas entidades en los mercados.
Todas estas prioridades se plasman en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León, que contará con un presupuesto de 1.822 millones de euros, donde las grandes líneas de actuación se centran en inversiones en el sector agrario con 785 millones de euros; agricultura sostenible y zonas con limitaciones naturales, con 423 millones de euros; inversiones forestales y prevención de incendios, con 197 millones de euros; apoyo a la industria agroalimentaria, con 179 millones de euros, y diversificación rural (Leader), con 130 millones de euros.
